• Observatorio Social

Precarización del trabajo durante la pandemia ¿Quiénes arrimamos el hombro?

“Debemos trabajar en dos niveles: en lo inmediato y en el de largo plazo. Hay gente que no tiene nada. Niños con hambre en todas partes. En ese proceso de respuesta inmediata también tenemos que construir otra manera de organizar la producción. Así creamos otras maneras de hacer”. Silvia Federici, 2020.[i]

El constante crecimiento de casos de Covid-19, los impactos y riesgos que continúa provocando, incluida la muerte, nos obliga a reflexionar sobre el modo en que las relaciones de trabajo están sucediendo en la práctica, con el objetivo de descalificar la falaz y abstracta idea de que sería suficiente la responsabilidad individual de quedarse en casa para evitar contagiarse.


Al menos tres razones nos parecen relevantes mencionar. La primera, cada vez menos personas, en Ecuador y en el mundo, gozan de los privilegios del teletrabajo y de poder realizar el menor número de actividades sin salir del hogar. La segunda, quienes más tiempo se ven obligados a salir de sus hogares por ingresos, enfrentan una mayor exposición al virus, poniendo también en mayor riesgo de contagio a su entorno más cercano. La tercera, las medidas para enfrentar la pandemia y los impactos del ajuste neoliberal en curso intensifican los trabajos de autosustento y cuidado en los hogares.


Pese a la aparente facilidad con la que se puede evitar un contagio –usar una mascarilla, lavarse constantemente las manos, mantener la distancia física de al menos dos metros y evitar aglomeraciones innecesarias, sobre todo en espacios cerrados–, la población que habita en el Ecuador enfrenta la descomposición acelerada de las relaciones sociales de trabajo –no sólo el empleo–, lo que dificulta contar con medios de vida para garantizar la supervivencia: la alimentación, el agua, la vivienda, los cuidados, los servicios básicos, el transporte, la salud y la educación, entre otros.


Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) sobre la situación del empleo a junio de 2020, ejemplifican, en parte, el argumento de este artículo. Durante la pandemia, el desempleo alcanzó al 13.3% y el subempleo al 34.5% de la población económicamente activa, es decir, las personas de 15 años de edad o más.


Sin embargo, el trabajo no se restringen exclusivamente al análisis del empleo, sino al conjunto de actividades sociales que se realizan cotidianamente y que reproducen la vida, todas generadoras de riqueza que termina concentrándose en pocas manos. En concreto, el presente artículo caracteriza el modo en que la economía se sostiene en trabajos por los que no se paga, en trabajos prohibidos y peligrosos pero que no han sido erradicados y en trabajos mal pagados, sin estabilidad y en malas condiciones.


El cuidado es trabajo pero no se paga


Pese a las progresistas pero inefectivas declaraciones constitucionales de que el trabajo de autosustento y de cuidados es productivo, de la igualdad y equidad entre las mujeres y los hombres en las relaciones laborales y de la obligación estatal de implementar un sistema público de cuidados; en la práctica, el trabajo del cuidado sigue siendo no remunerado y está a cargo de las mujeres, en su gran mayoría. Actividades que, durante la emergencia sanitaria, no sólo que no han parado sino que se han intensificado y precarizado.


El trabajo no remunerado en el año 2017 generó el 19.1% de la riqueza del Producto Interno Bruto del Ecuador, representando un total de 19,872 millones de dólares (valor agregado bruto). Además, las mujeres aportan con estas actividades tres veces más (el 14.5% del PIB; el 77 de cada 100 horas; 31 horas semanales per cápita) que el aporte que realizan los hombres (4.6% del PIB - 23 de cada 100 horas - 11 horas semanales). Además, de 100 dólares que se consumen en un hogar, la economía se ahorra “32 dólares, debido al no reconocimiento económico” de estas actividades.[ii]


Durante la pandemia, tal como reflexiona Alejandra Santillana, las actividades se intensifican por múltiples razones –por ejemplificar, pensemos en el cierre de las escuelas para prevenir contagios y la cantidad de personas enfermas de Covid-19 que no requieren hospitalización pero sí cuidados–, prolongando la jornada diaria de actividades que se realizan. A esto se suma el sostenimiento emocional frente a la pandemia, al prolongado estado de excepción y toque de queda.[iii]


Así, los trabajos de autosustento y de cuidados –preparar alimentos, mantenimiento del hogar, cuidado de la ropa y confección, compras, apoyo a otros hogares, cuidado de la niñez, personas adultas mayores y de personas con discapacidad y otras actividades comunitarias– están en la base de la economía, sin embargo por la marcada división sexual del trabajo, resultado del mutuo beneficio entre patriarcado y capitalismo, en la actual crisis que se vive, la sobrecarga de trabajo se profundiza complejizando las relaciones familiares.


El Estado, por su parte, deliberadamente no lo reconoce ni ha toma acciones concretas para modificar esta situación, porque la falta de pago garantiza que la “reactivación económica”, impuesta desde la lógica de los grupos económicos que más ganan, les genere mayor ganancia en el marco del ajuste estructural neoliberal en curso.[iv]


El legado servil del trabajo remunerado del hogar


El trabajo remunerado del hogar, una actividad mayoritariamente urbana, subsiste en Ecuador bajo formas precarias y serviles en las que miles de mujeres han sido sometidas a diversas formas de explotación y otras violencias en los hogares de terceros, donde realizan trabajos de cuidado. Ni las reformas al Código del Trabajo de 2006, 2012 y 2015, que equiparan los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar al resto de la clase trabajadora, han eliminado todas las formas que legalizan la servidumbre, por ejemplo, la pervivencia del trabajo denominado “puertas adentro” o la costumbre como fuente para regular los contratos verbales.[v]


A 2018, el 6% de las mujeres mayores de 15 años se dedicaban al trabajo remunerado del hogar (ENEMDU 2018). De ellas, seis de cada diez mujeres no accedían a seguridad social y sus ingresos eran menores al salario básico unificado. De acuerdo a la última encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018), el 46% de las mujeres trabajadoras tenían obesidad, el 31% sobrepeso y un 32% problemas respiratorios, todas condiciones pre-existentes que aumentan el riesgo, en caso de contagio de Covid-19. Además, a mayo del presente año, según datos del Ministerio del Trabajo, los contratos registrados en esta actividad llegaban a 58,629, el 54% con actas de finiquito registradas.[vi]


Al igual que en el trabajo no remunerado de cuidados, el Estado Ecuatoriano ha omitido tomar medidas expresas que protejan el empleo de estas mujeres. Esta omisión provoca impactos desproporcionados en ellas. Sus relaciones laborales han sido sometidas a despidos intempestivos sin indemnización o, por el contrario, enfrentan la imposición de nuevas condiciones laborales que incluyen la reducción del salario, jornadas de trabajo que exceden las 8 horas diarias, pérdida de vacaciones y reducción del aporte al IESS. Se registra incluso el caso de mujeres que han debido pasar el prolongado estado de excepción y toque de queda de hasta 15 horas viviendo y trabajando en los hogares de sus empleadores, enfrentado el riesgo de contagio al virus en función de las decisiones de prevención de otras personas.[vii]


A esta precaria situación, según los datos de la última Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres en Ecuador (ENVIGMU 2019), realizada por el INEC , el 74% de las mujeres que se dedican a estas actividades declararon haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. El contexto y las características en que realizan el trabajo agravan el riesgo de enfrentarla. Como consecuencia, la encuesta señala que enfrentaron más violencia que el resto de las mujeres en Ecuador, entre 5 y 10 puntos por encima de los promedios nacionales.[viii]


Así, el legado colonial y patriarcal de esta forma de trabajo sigue operando, sin que el Estado haya tomado acciones concretas y efectivas para erradicar tanta violencia, ni para proteger su empleo, menos aún para garantizar sus derechos a la asociación y la negociación colectiva de sus derechos.


El trabajo infantil no ha sido erradicado


A 30 años de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador, en la que se fijó en 15 años la edad mínima para trabajar y una serie de condiciones, entre ellas garantizar el derecho a la educación, el desarrollo integral y la salud de las y los adolescentes que tienen derecho a trabajar; en Ecuador, el trabajo infantil no ha sido erradicado y la crisis económica que se vive desde 2014, sumado a la emergencia sanitaria, alerta sobre el riesgo de su crecimiento.


Entre el 2006 y el 2013 el trabajo infantil de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años se había reducido de 23% al 9%. Sin embargo, toda crisis económica tiene impacto directo en el crecimiento del trabajo infantil. Con la reducción o falta de ingresos, las familias tienen que optar entre el perverso dilema de que las niñas, niños y adolescentes asistan a clases y/o tengan que trabajar[ix] para ayudar a la economía del hogar. En efecto, entre el 2015 y el 2019 el trabajo infantil subió de 10% a 14% (ENEMDU 2006-2019).[x]


En el 2019, el área rural tuvo el mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes trabajando (28%). De ese total, el 22% trabajaba y estudiaba, el 3% sólo trabajaba y el 3% ni estudiaba ni trabajaba (NINI). Además, de acuerdo con la identificación étnica, el 49% de las niñas, niños y adolescentes indígenas trabajaban –el 43% estudiaba y trabajaba, el 5% sólo trabajaba y el 1% eran NINI.[xi]


La mayoría del trabajo infantil que aún subsiste en Ecuador se lo realiza en la agricultura y ganadería (82%), le siguen el trabajo en servicios (15%) y la industria (3%). Sin embargo, se alerta que en el primer sector, son las plantaciones de producción bananera, de palma aceitera, de flores y de pesca que concentran la mayor cantidad de trabajo infantil, es decir en productos primarios, agrícolas y de pesca, para la exportación. En el sector de la industria, son la minería de oro y en general la minería de pequeña escala, la producción de ladrillos y la construcción; y en el sector servicios el trabajo remunerado del hogar y el trabajo autónomo en las calles. Además, Ecuador registra casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, venta de drogas y otras actividades ilícitas y el reclutamiento para grupos armados, la gran mayoría vinculados a la trata de personas.[xii]


A partir de la crisis económica que vive Ecuador desde el 2014, provocada por la caída de los precios del petróleo, de las medidas económicas adoptadas desde entonces, en especial aquellas para cumplir con las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, y de los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, se evidencia un escenario propicio para el recrudecimiento del trabajo infantil, forma violenta que permite ampliar la riqueza de determinados grupos económicos, entre ellos, un sector de la producción agrícola para la exportación, que durante la pandemia ha seguido funcionando sin restricciones ni controles.


Trabajos esenciales, trabajadores desechables[xiii]


En una economía que sostiene parte de la generación de la riqueza en actividades productivas no remuneradas, serviles y prohibidas, la complejidad de la emergencia sanitaria provocada por el virus de Covid-19 provocó otra desigualdad adicional, en términos de quiénes pueden y quiénes no reducir la exposición al contagio del virus. Los Estados determinaron qué actividades son esenciales sin que necesariamente hayan protegido las condiciones laborales en las que se desarrollan.


En Ecuador, el Decreto Ejecutivo 1017, que declaró el estado de excepción a partir del 17 de marzo –renovado recientemente hasta el 15 de septiembre, acumulando así 180 días consecutivos– también dispuso la movilización en todo el territorio de todos los servidores del Sistema Integral de Salud Pública, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y de la fuerza pública (policías y militares), trabajadores esenciales para adoptar las medidas de salud, de prevención y de control frente a la pandemia. Además, dispuso la suspensión de las libertades de tránsito, asociación y de reunión, pero estableció excepciones para las siguientes categorías de trabajadores:


  • Trabajadores públicos y privados para la provisión de servicios básicos;

  • Guardias privados de seguridad;

  • El personal de bomberos;

  • Trabajadores públicos y privados de terminales aéreas, terrestres, marinas y fluviales.

  • Personal de servicios bancarios;

  • Personal para la provisión de víveres;

  • Las y los comunicadores sociales;

  • Trabajadores de las industrias;

  • Cadenas y actividades comerciales de las áreas de la alimentación y toda la cadena de exportaciones, industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales;

  • Los supermercados, tiendas, bodegas y centros de almacenamiento y expendio de víveres y medicinas, y;

  • Servicios de plataformas digitales de entregas a domicilio y otros medios relacionados a servicios de telecomunicaciones.


De esa manera, decenas de miles de personas continuaron trabajando sin que el toque de queda impuesto aplicara para ellos. Más grave, sus actividades siguieron desarrollándose sin que el Ministerio del Trabajo haya emitido normativa específica para prevenir y reducir el riesgo de contagio por Covid-19, de acuerdo con las distintas condiciones y especificidades en que se realizan esas actividades. No es lo mismo el trabajo en una mina a gran escala, que conducir un vehículo de transporte, que el trabajo en la cosecha de fibra de abacá[xiv] o vender productos en una tienda de barrio.


Al contrario, bajo el perverso argumento de que el contagio en Ecuador ya era comunitario, declaró que el síndrome respiratorio agudo causado por Covid-19 u otro virus, no constituye enfermedad profesional del trabajo, con excepción de “médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, de los departamentos de higiene y salubridad” públicos o privados, mediante reforma al Código del Trabajo introducida en la Ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid-19,[xv] excluyendo así al resto de las y los trabajadores expuestos al virus para poder mantener, no sólo la reproducción social de la vida, sino también la ganancia de determinados sectores económicos.


Al 11 de junio de 2020 –última vez que el Estado publicó datos desagregados por provincias, cantones y parroquias del Covid-19–[xvi] informó también que 1,851 médicas/os; 1,256 policías y militares; 911 enfermeras/os; 432 auxiliares de enfermería; 101 profesionales de obstetricia; 89 de odontología; 51 de psicología; 33 bomberos; 20 recolectores de basura y 5 policías municipales se habían contagiado de Covid-19, a través de prueba confirmada PCR. Sin embargo, tampoco se desagrega ni se tiene información del resto de ocupaciones clasificadas como esenciales, incluidos en la categoría “otros” y que en total sumaban 31,377 de los 36,126 casos confirmados en Ecuador de Covid-19 a esa fecha.


Así, la idea de cuarenta obligatoria y el #QuédateEnCasa, si bien implicó una reducción significativa de la movilidad para evitar el contagio su permanencia en el tiempo, en la práctica, está determinada por dos diferencias sociales sustanciales: por una parte, el tipo de actividad productiva que se realiza –la mayoría de actividades esenciales requieren fuerza física y trabajo presencial y en equipo–; y, por otra parte, las condiciones laborales en las que éstas suceden –no todas bajo la regulación del Código del Trabajo– han sido flexibilizadas y precarizadas por las medidas adoptadas por el gobierno, durante la emergencia sanitaria que vivimos.


Trabajadores migrantes a la deriva


Tal como se refiere en el proyecto (In)Movilidad en las Américas y Covid-19, una de las paradojas que expresa la violencia del sistema capitalista actual es el cierre de las fronteras de los estado-nación, sin que eso signifique necesariamente la inmovilidad absoluta de las personas que migran en el continente. Pese a que “las actividades que realizan los migrantes resultan esenciales para la reproducción de las sociedades en esos espacios nacionales”, perversamente la gran mayoría de ellos “no han dejado de ser mano de obra irregularizada, precarizada, criminalizada, discriminada, y explotada”,[xvii] en medio del reforzamiento del control migratorio y la deportación, bajo el argumento de la emergencia sanitaria.


La situación se ha tornado compleja en tres sentidos. En primer lugar, 2 millones de trabajadoras y trabajadores ecuatorianos viven en otros países, en Estados Unidos principalmente, donde se estima que alrededor de 200,000 viven en situación irregularizada. Sobre ellas y ellos no se tiene información de su situación, pese a que tres de los destinos principales de migración han tenido brotes de Covid-19 graves como el que enfrenta Ecuador –Estados Unidos, España e Italia–. Sin embargo, en las pocas referencias que el gobierno ha hecho, su preocupación ha estado centrada en la caída de las remesas que envían, es decir en la ganancia que su trabajo en condiciones de explotación genera para la economía nacional.


De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el llamamiento cuenta con el apoyo "de organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital, el Banco Mundial , la Organización Internacional para las Migraciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Asociación Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo, la Asociación Internacional de Redes para la Transferencia de Dinero y la Cámara Internacional de Comercio." Al unirse al llamamiento, Ecuador y los otros gobiernos que forman parte de la iniciativa "trabajarán con los actores del sector de envío de remesas en fortalecer los mecanismos que permitan el acceso físico y digital a los servicios financieros", informa la Cancillería.[xviii]

A la par, en Ecuador más de medio millón de inmigrantes viven en el país, la mayoría de nacionalidad venezolana, muchos de ellos también en situación irregularizada. Y una cantidad importante, aunque no cuantificada, de personas en tránsito –migrantes caribeños, latinoamericanos, asiáticos, de medio oriente y africanos– transitan el territorio en ruta a Estados Unidos o hacia Perú y otros países del cono sur.[xix]


En Ecuador y toda la región, el retorno de migrantes a Venezuela, desde donde habían salido por la difícil situación social y económica que enfrenta el país, o la organización y protesta de miles de mujeres y hombres, en su gran mayoría migrantes, que exigen la mejora de las condiciones precarias en las que trabajan como repartidores para plataformas digitales como Rappi, Uber Eats, Globlo u otras con ganancias extraordinarias durante la emergencia sanitaria, constituyen otra burda expresión de la violencia económica que la pandemia ha expuesto, en este caso, fundamentada en la nacionalidad de las personas y la soberanía de los Estados.


En este contexto, el Gobierno actual, en la práctica, ha tomado acciones tendientes a precarizar aún más la situación de personas venezolanas. Desde el 26 de julio de 2019 se impuso a la población venezolana la obligación de obtener una visa de excepción, para lo cual se requiere presentar pasado judicial apostillado, pagar USD 50,00, no haber infringido la ley migratoria y un pasaporte, lo que supone graves dificultades para obtenerlos. Además, el plazo para solicitar esa visa venció el 13 de agosto y no lo ampliaron pese las dificultades adicionales que enfrentan por la pandemia de Covid-19. Con ello, se han reactivado los controles migratorios y la imposición de multas que podrían alcanzar hasta dos salarios básicos unificados –800 dólares–.


Más grave aún, el artículo 24 de la eufemística ley de apoyo humanitario promueve la xenofobia y discriminación laboral, al condicionar el diseño de planes, programas, proyectos, acciones, incentivos y políticas públicas para enfrentar la crisis económica a, entre otras cosas, la contratación de trabajadores de origen local.


Así, las y los trabajadores migrantes permanentemente enfrenta la amenaza del control y la deportación, resultado de la irregularización que generan las normas de migración –según la ley, un migrante sin visa no puede trabajar–, creando un escenario conveniente para el abuso por parte de empleadores para contratarlos con bajos ingresos y precarias condiciones en las que desarrollan sus actividades y que muchos trabajadores nacionales no aceptarían cumplir. Cargar con esta amenaza obstaculiza su derecho a la organización sindical para la negociación de sus derechos, y termina provocando un conflicto con la clase trabajadora nacional.[xx]


Viviendo en el país del desempleo y el subempleo


En un artículo previo habíamos analizado sobre los fines ulteriores del estado de excepción para favorecer especialmente a pocos grupos económicos, de origen nacional y transnacional, que más utilidades anuales ganan y que actúan agrupados y representados en sus gremios. Para ellos no es suficiente todas las formas de precarización del trabajo que se han relatado. Históricamente han buscado, por todos los medios, vulnerar los derechos laborales y sus garantías, adquiridos como resultado de los procesos organizados de diversas luchas sociales y, en ocasiones, de conflictos nada pacíficos. Los resultados de la ENEMDU telefónica de mayo/junio de 2020 son elocuentes del gravísimo deterioro.


Gráfico 1. Desempleo en Ecuador desde 2007 a 2020

Fuente: ENEMDU 2007-2020. Elaborado por: OSE 2020.


El desempleo en la zona rural pasó de 1.6% a finales de 2019 a 5.9% en el primer semestre del año; mientras que en la zona urbana pasó del 4.5% en diciembre de 2019 al 16.8%; tal como se observa en el gráfico 1. Por su parte, el subempleo pasó, en la zona rural del 19.4% al 33.9% y en la zona urbana del 17% al 34.7% de la población económicamente activa (PEA), tal como se observa en el gráfico 2.


Gráfico 2. Subempleo en Ecuador desde 2007 a 2020

Fuente: ENEMDU 2007-2020. Elaborado por: OSE 2020.


Por otra parte, el empleo pleno o adecuado –aquel regulado por un contrato de trabajo escrito, con estabilidad, afiliación al seguro social y demás beneficios laborales– se deterioró significativamente en este año –del 48% al 20% en la zona urbana y del 21% al 10% en la zona rural. Además, es relevante observar que en la zona rural, desde diciembre de 2014 en que el empleo pleno alcanzó al 34.4%, se había reducido hasta el 20.6% en los últimos 5 años, previo a los 4 puntos porcentuales perdidos este año.


Gráfico 3. Empleo pleno en Ecuador desde 2007 a 2020.

Fuente: ENEMDU 2007-2020. Elaborado por: OSE 2020.


Mientras que, en la zona urbana, después de los registros más altos de empleo pleno registrados en junio y septiembre de 2014 (58%), a partir de diciembre de 2014 se redujo en 8 puntos en los últimos 5 años hasta diciembre de 2019, que se ubicó en el 48%, antes del inicio del brote de Covid-19 en Ecuador y la reforma laboral implementada para cumplir con las condiciones impuestas por el crédito con el Fondo Monetario Internacional, que provocaron su desplome.


En efecto, al procesar los datos de la ENEMDU realizada en mayo y junio de 2020, el 59% de la población económicamente activa informa que en la última semana trabajó menos de 40 horas semanales debido a la pandemia –66% en el caso de los hombres y 49% en el de las mujeres–. Además, del total de desempleados actuales, el 76% informó que sí tuvo trabajo antes de la pandemia –80% en el caso de los hombres y 71% en el caso de las mujeres.

Estos trabajadores hoy desempleados fueron desvinculados de diversas maneras: 33% por despido intempestivo, 27% por terminación de contrato, 11% por renuncia voluntaria, 5% por la liquidación de la empresa y el 1% por supresión de partidas. Estos motivos acumulan al 72% del total. En la tabla 1 se puede observar la diferencia entre hombres y mujeres.


Tabla 1. Motivos por los que dejó de trabajar, entre quienes declaran estar desempleados y trabajaron antes de la pandemia

Fuente: INEC-Enemdu telefónica mayo-junio 2020. Elaborado por: OSE 2020.

Adicionalmente y tal como se aprecia en la tabla 2, del total de personas desempleadas, que tuvieron trabajo anteriormente y que informan que la pérdida de empleo estuvo relacionada con la pandemia se distribuyen así: el 43% fueron despedidos intempestivamente, al 17% se les terminó el contrato, el 4% renunció voluntariamente, el 5% porque la empresa fue liquidada y el 1% por la supresión de partidas.


Tabla 2. Motivos por los que dejó de trabajar, entre quienes declaran estar desempleados y trabajaron anteriormente y su relación con la pandemia de Covid-19

Fuente: INEC-Enemdu telefónica mayo-junio 2020. Elaborado por: OSE 2020.

La perversa ley de apoyo humanitario, aprobada en medio del estado de excepción y toque de queda de 15 horas diarias en todo el territorio, y justo después del doloroso impacto del colapso del sistema de salud en la ciudad de Guayaquil, ha significado la erosión del carácter tutelar del derecho laboral y la flexibilización y precarización del empleo, al violar varios principios constitucionales del derecho al trabajo, entre ellos, su irrenunciabilidad, la obligación de promover el empleo pleno y adecuado y de prohibir la transacción de derechos cuando implican su afectación.[xxi]


El trabajo en el centro de la organización social


Tal como comenta Emir Sader (2012) al reflexionar sobre la Dialéctica de la Dependencia de Ruy Mauro Marini, las burguesías periféricas históricamente han buscado “sus ventajas comparativas en la supe explotación del trabajo, extrayendo de la clase trabajadora de sus países ganancias extras que les permitan recuperar ciertos grados de competitividad en el mercado internacional”.[xxii]


En el caso de Ecuador, esta breve caracterización del trabajo da cuenta de todas las formas –viejas y nuevas– que adoptan las actividades de reproducción social y que implican la súper explotación laboral –trabajos no pagados, trabajos prohibidos no erradicados y trabajos flexibilizados y precarizados– en la que se basa una parte de la riqueza de los grupos económicos locales y transnacionales que operan en el territorio.


Los meses que se avecinan, con promesas de campaña y de cambio social, no pueden quedarse solamente en discursos abstractos sobre la generación de fuentes de empleo, menos aún por parte de candidatos vinculados directamente con la grave situación que se enfrenta en este momento y que son sus beneficiarios. Las organizaciones y movimientos sociales debemos poner en el centro del debate político, no sólo electoral, el análisis y discusión de las relaciones sociales del trabajo digno y, como refiere Silvia Federici, construir otras formas de producir, otras formas de existir.

Para citar este artículo: Francisco Hurtado, Margarita Velasco y Jesus Tapia. 2020. Precarización del trabajo durante la pandemia ¿Quiénes arrimamos el hombro? Quito: Observatorio Social del Ecuador y FES-Ildis.



Notas al final:

[i] Natalia Pravda. 2020. Entrevista a Silvia Federici. Esta crisis demuestra cuánta miseria lleva en sí el capitalismo. Re-publicada y disponible en: https://ecuadortoday.media/2020/08/04/esta-crisis-demuestra-cuanta-miseria-lleva-en-si-el-capitalismo-silvia-federici/. [ii] INEC. 2018. Cuentas satélite del trabajo no remunerado de los hogares (2016-2017). Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuenta-satelite-del-trabajo-no-remunerado/ [iii] Alejandra Santillana. 2020. Saqueo de lo público, trabajo de cuidado y crisis: pandemia en Ecuador. Disponible en: https://www.connessioniprecarie.org/2020/05/23/saqueo-de-lo-publico-trabajo-de-cuidado-y-crisis-pandemia-en-ecuador/ [iv] Ibíd. [v] Sobre la situación del trabajo remunerado del hogar se puede revisar los estudios del Observatorio Social del Ecuador de 2018 y 2019, disponibles en: https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/2018/12/CARE-ESTUDIO-TRH-2.pdf y en https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/12/Estudio-TNRH-NA-2019.pdf. [vi] Datos fueron procesados por el Observatorio Social del Ecuador junto a CARE, para el estudio “Actualización del estado de situación de en el cumplimiento de los derechos humanos y laborales de las TRH en Ecuador”, de próxima publicación. [vii] Ibíd. [viii] Ibíd. [ix] Este dilema puede adquirir distintas formas. El Observatorio Social del Ecuador ha asumido como tipología del trabajo infantil la siguiente: quiénes sólo estudian; estudian y trabajan; sólo trabajan; ni estudian ni trabajan (NINIS). Incorporada por el INEC 2015 en su publicación “Trabajo infantil en Ecuador. Hacia un entendimiento integral de la problemática.” Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/Trabajo_Infantil_en_Ecuador.pdf [x] Observatorio Social del Ecuador. 2020. Diagnóstico situacional del trabajo infantil en el Distritro Metropolitano de Quito. Quito: Consejo de Protección de Derechos del DMQ y OSE. Disponibe en: http://proteccionderechosquito.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/DIAGNOSTICO-DE-TRABAJO-INFANTIL-EN-EL-DMQ-FINAL-MAYO-20-1.pdf. [xi] Datos procesados por el Observatorio Social del Ecuador en base a ENEMDU diciembre 2019. Disponible en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-diciembre-2019. [xii] Los datos fueron procesados por UNESCO en 2019, a partir de ENEMDU de 2016, publicada en un informe elaborado por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Disponible en: https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/ecuador. [xiii] Sobre esta categoría se puede revisar el proyecto (In)Movilidad en las Américas, como parte de las situaciones comunes que enfrentan trabajadores migrantes en América y el Caribe, en el cual el Observatorio Social del Ecuador apoyó en el desarrollo de la página web: https://www.inmovilidadamericas.org/. [xiv] El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más informó sobre contagios de covid-19 en las plantaciones de la empresa Furukawa que cosecha fibra de abacá, denunciada por esclavitud moderna, trabajo infantil y explotación laboral: Disponible en: https://www.furukawanuncamas.org/post/se-confirman-casos-de-covid-19-en-trabajadores-explotados-en-las-haciendas-de-la-empresa-furukawa [xv] En un primer momento lo hizo a través de acuerdo ministerial, sin exclusiones y después lo implementó a través de la disposición reformatoria segunda de dicha Ley. Publicada en R.O. suplemento No. 229 de 22 de junio de 2020. [xvi] Como se informó en un artículo previo, la información pública es deficiente y con graves inconsistencias. Al respecto se puede revisar: https://www.covid19ecuador.org/post/información-pandemia. Además, paulatinamente ha ido disminuyendo la calidad de información, la cual está dispersa en distintas páginas institucionales del Estado. Muestra de aquello es este vínculo oficial sin actualización más de dos meses: https://www.coronavirusecuador.com/data/. [xvii] Esenciales pero desechables. Disponible en: https://www.inmovilidadamericas.org/esenciales-desechables. [xviii] Diario El Comercio de 25 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-efectos-covid19-envios-remesas.html. [xix] Información sobre Ecuador disponible en: https://www.inmovilidadamericas.org/ecuador. [xx] Entrevista de Soledad Álvarez Velasco a Nicholas de Génova. 2017. “Movimientos migratorios contemporáneos: entre el control fronterizo y la producción de su ilegalidad. En Íconos, No. 58, mayo. Pág. 153-164. Disponible en: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/2718/1593. [xxi] Entrevista a Angélica Porras, abogada constitucionalista y laboralista que defiende a la clase trabajadora. [xxii] Emir Sader. 2012. “América latina y la economía global. En diálogo con <<Dialéctica de la Dependencia>>, de Ruy Mauro Marini”. En Nueva Sociedad No. 238, marzo-abril. Disponible en: https://nuso.org/articulo/en-dialogo-con-dialectica-de-la-dependencia-de-ruy-mauro-marini/

Elaborado y diseñado por el Observatorio Social del Ecuador (OSE). Monitoreamos y analizamos la evolución de la pandemia de Covid-19 en Ecuador. El monitoreo y análisis con desagregaciones provinciales y cantonales está basado en la información oficial que emite diariamente el Estado Ecuatoriano. Te invitamos a revisar la información que producimos, en especial los artículos de análisis en nuestro blog.

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