La Organización Mundial de la Salud, a partir del anuncio de que el brote de la enfermedad por covid-19 se convirtió en una pandemia, realiza una serie de recomendaciones a los países para enfrentarla, entre ellas, varias relativas al derecho de acceso a la información pública. Esa organización recomienda generar confianza y credibilidad en la información; la participación de la comunidad; la transparencia en la información existente –la cual deberá ser elaborada de manera oportuna y técnica–. Y advirte que “la comunicación de riesgos funciona mejor cuando forma parte de un plan o de una estrategia más amplia delineada mucho antes de que sea necesaria”.[1]
Es evidente que el brote de la enfermedad y la velocidad del contagio tomó por sorpresa a los gobiernos de cientos de países. Sin embargo, para el Observatorio Social del Ecuador, es relevante llamar la atención sobre dos hechos que no pueden eludirse al analizar las acciones que se están tomado para enfrentar la pandemia de covid-19:
1) El contagio del virus recorre los senderos de las múltiples desigualdades estructurales acumuladas en los distintos países y regiones del mundo y afecta de manera particular a ciertos grupos de la población por su vulnerabilidad y nivel de exposición al virus.
2) Lo sorpresivo del brote de una enfermedad ocasionada por un virus no es suficiente argumento para neutralizar el análisis crítico sobre las políticas, planes y programas que cada uno de los Estados tenía para prevenir una emergencia sanitaria y para reaccionar frente a ella. Más aún cuando los sistemas de salud se han organizado y modificado para dar respuesta, de manera masiva, a otras enfermedades prevalentes, epidemias y pandemias (dengue, malaria, cólera o VIH-sida).
Bajo esas advertencias, este artículo se centra en la información y comunicación sobre la evolución de la pandemia y sus impactos, competencia estatal que, de manera simultánea, debería garantizar el derecho de acceso a información pública de la sociedad y explicar de manera pedagógica y sencilla la relación entre la evolución de la pandemia, las medidas que se adoptan para enfrentarla y los resultados, dado que toda política de salud debería incluir procesos de educación y comunicación a la población, como elemento fundamental para promover el autocuidado.
La vocería, las deficiencias y contradicciones
Desde que apareció la primera sospecha de una persona con covid-19 en Ecuador y con el primer caso confirmado el 29 de febrero de 2020, las deficiencias y contradicciones entre distintas vocerías del gobierno para informar sobre la crisis sanitaria y los impactos que está provocando se han multiplicado. Desde la renuncia de la Ministra de Salud a mediados de marzo, los voceros son diversos: el nuevo Ministro de Salud, su viceministro, el Vicepresidente, la Ministra de Gobierno, el ex Presidente de BanEcuador, la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, entre otros.
Las contradicciones en la información tuvieron su punto más álgido a finales de marzo, con las denuncias sobre el incremento de defunciones en la provincia del Guayas y las graves irregularidades que se han registrado: personas gravemente enfermas sin poder ingresar a los hospitales públicos; demoras prolongadas en el levantamiento de cadáveres, algunos de ellos abandonados en las calles por miedo al contagio; cadáveres en hospitales públicos extraviados por falta de identificación;[2] y hasta “confusiones y errores” en el registro de las defunciones por covid-19, como el caso de una señora dada por muerta, por error.
Fueron las denuncias y la presión social y mediática sobre estos hechos que provocaron que el gobierno finalmente admita esta situación, con deficiencias, desenmascarando la gravedad del brote de covid-19 en la zona urbana más grande del país, el colapso que enfrenta el sistema de salud pública y las dificultades en el registro y procesamiento de información que posteriormente se comunica de manera pública. La OMS, sobre este punto ha sugerido a los países que:
Para consolidar la autoridad y la confianza es esencial que los mensajes sean receptivos, empáticos, transparentes y coherentes en los idiomas locales a través de canales de comunicación fiables, utilizando redes comunitarias y personas influyentes clave y creando capacidad en las entidades locales.[3]
Sin embargo, las ruedas de prensa de 2, 16 y 17 de abril de 2020, ejemplifican cómo el gobierno comunica a la sociedad la información “oficial” sobre la pandemia de manera contradictoria y hasta caótica, sin que se pueda conocer de manera receptiva, empática y transparente la información sobre el proceso de testeo del virus, el crecimiento de casos, el nivel de contagio, sobre las personas hospitalizadas y las que fallecen, menos aún sobre el manejo ético y digno de cadáveres.
El 2 de abril, como reacción a las decenas de videos e información sobre las muertes en Guayaquil, el Presidente de la República en cadena nacional emitió un mensaje inaudito solicitando a sus funcionarios que “se transparente la información. ¡Por dolorosa, por dolorosa que esta sea! hay que transparentarla, hay que decir la verdad” afirmó y añadió: “creemos que serán entre 2,500 y 3,500 personas fallecidas por COVID-19 en estos meses, solamente en la provincia del Guayas”.[4]
Días después, el 16 de abril, la Ministra de Gobierno informó que a esa fecha habían fallecido 403 personas con confirmación por covid-19 a nivel nacional. De las cuales 187 habían ocurrido en Guayas,[5] y 135 en el período entre el 1 y el 15 de abril de 2020.[6] Sin embargo, en la misma rueda de prensa, el ex Presidente de BanEcuador y delegado de la coordinación de la Fuerza de Tarea Conjunta de las Fuerzas Armadas para el manejo de cadáveres, informó con ligereza que en los primeros 15 días de abril se habían registrado un total de 6,703 decesos de acuerdo con la información de la Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación y añadió que, asumiendo que el promedio mensual aproximado de muertes en esa provincia es de 2.000, existiría un “desfase” –afirmó el funcionario– de 5,703 fallecidos en 15 días.
Estas deficiencias en la comunicación de la información no se reducen a las múltiples contradicciones entre los distintos voceros gubernamentales. Varios periodistas, colectivos, organizaciones, medios y facultades de comunicación se pronunciaron públicamente el 13 de abril y 3 de mayo recordando al Gobierno Nacional que “el acceso a información, tal como lo determina el Artículo 18 de la Constitución es de vital importancia, pues datos oportunos, fiables y contrastados se convierten en un insumo de toma de decisiones tanto para la ciudadanía como para los actores públicos y privados”[7] y han exigido mejoras, en especial garantizar que puedan contrastar información frente a las limitaciones para preguntar y repreguntar a fuentes oficiales y no oficiales sobre la situación derivada de la pandemia de covid-19.
Las cifras periódicas del COE Nacional
Desde el 13 de marzo de 2020, el COE Nacional empezó a publicar dos documentos públicos sobre la evolución de la pandemia de covid-19 y de las medidas adoptadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional: el “Informe de situación COVID-19 Ecuador” y la infografía “Situación nacional por COVID-19 (coronavirus)”; un total de 46 informes y 73 infografías hasta el 10 de mayo (59 días).[8]
Entre la información oficial disponible sobre el covid-19 en Ecuador, la infografía es el documento periódico que ha servido de base para que la mayoría de las personas conozcamos datos relevantes sobre la evolución de la pandemia. Paulatinamente fue agregando mayor información: pasó de mostrar el número de casos confirmados por provincia, de personas en cerco epidemiológico y de fallecidas a tener desagregación cantonal de casos confirmados (16 de marzo); el número total de pruebas de covid-19 con desagregación de casos confirmados, descartados y sospechosos (18 de marzo); desagregaciones del total de casos confirmados por sexo y por edad y desagregación provincial de personas fallecidas (26 de marzo); la cifra de personas fallecidas de las que se sospecha covid-19 (30 de marzo); y el 7 de abril agregó líneas de tendencia acumuladas por síntomas a nivel nacional y de las 5 provincias con más casos.
Sin embargo, a la fecha también ha ido perdiendo paulatinamente datos y produciendo inconsistencias: el 24 de marzo dejó de informar el número de personas en cerco epidemiológico; el 6 de abril se eliminó el número de pruebas realizadas aún sin resultados (casos en sospecha). Y los mayores retrocesos sucedieron a partir del 23 de abril con los cambios realizados en medio del anuncio del cambio de fase de aislamiento a otra de distanciamiento social y la delegación de esta decisión a la responsabilidad de los COE cantonales.
El 23 de abril se añadió los resultados 22,093 pruebas a las 34,420 que se habían hecho hasta ese día. Así, los casos confirmados pasaron de 11,183 a 22,719 –un incremento del 203%–. El 24 de abril dejó de presentar las desagregaciones por grupo etario, por sexo y por cantones del total de casos confirmados de covid-19 y la desagregación provincial de personas fallecidas, el 25 y el 26 de abril no se emitió información.
El 27 de abril la cifra de casos confirmados y de casos descartados fue desagregada de acuerdo al tipo de prueba tomada –prueba “PCR” y “pruebas rápidas”– y modificaron la desagregación provincial ahora disponible sólo para casos confirmados por pruebas “PCR”; añaden nuevamente el número de casos de personas recuperadas y la desagregación provincial de personas fallecidas y, por último, se visualizan nuevamente las desagregaciones por sexo y por grupo etario sin que se informe si corresponden al total de casos confirmados o sólo a las que resultaron de las pruebas “PCR”. El 29 de abril, reaparece la desagregación cantonal pero sólo para casos confirmados por pruebas “PCR”, rompiendo la serie para el análisis estadístico. Resta decir que en las infografías del 6 y 8 de mayo se registraron 2,641 y 1,480 casos menos respecto de las infografías previas, debido a la eliminación de casos duplicados del registro correspondiente a personas con segunda y terceras pruebas.
Resta decir que durante todo este tiempo el rol del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, institución encargada de la estadística nacional ha sido prácticamente nulo y no ha garantizado la fiabilidad y consistenciad de los datos. Adicionalmente, el 7 de mayo la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en base a denuncias de la sociedad civil, ha emitido un dictamen vinculante dirigido al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos para que corrija la “ambigüedad en el manejo y difusión de información pública del COE Nacional” y ha recomendado que se garantice el acceso y la transparencia a la información disponible sobre la pandemia.[9]
Estadística descriptiva o información epidemiológica para enfrentar la pandemia
En este contexto complejo de falta de información oportuna y confiable, el Observatorio Social del Ecuador advierte que el nivel de información que se divulga diariamente es meramente descriptivo y restringido al registro y aumento de casos que el Estado, con dificultades, logra realizar. Hasta ahora no ha sido posible, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, conocer sobre la construcción de "indicadores y sistemas de vigilancia y evaluación para medir la eficacia y el impacto de las medidas previstas” para enfrentar a la pandemia y de sus resultados. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los Estados a:
Asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el COVID-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Los órganos que garantizan este derecho y los sujetos obligados deben […] informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia.[10]
Sin embargo nada de esto ha sucedido a la fecha. No se han hecho públicas desagregaciones cantonales por la edad, género, identificación étnica, condición socio-económica, por nacionalidad y situación migratoria o por zonas urbanas o rurales. Tampco indicadores sobre contagio, letalidad y mortalidad ni su comparación con las muertes por otras causas o con la realidad social en cada cantón. Se compreba una falta de predisposición que facilite a los distintos sectores de la sociedad entender de manera pedagógica y sencilla cómo evoluciona la pandemia. Recién el 29 de abril se hizo público un informe denominado “COVID-19 en el Ecuador. Tendencia temporo espacial de la pandemia”[11] y una infografía de resumen con variables que, según el gobierno, permitirían a los cantones decidir sobre las medidas a adoptar en base a la semaforización diseñada. Es sugerente que los 221 cantones decidieron mantener el semáforo en rojo el 4 de mayo.
Una deficiencia adicional, Ecuador es un país de origen, tránsito y destino de migraciones, sin embargo más allá del cierre de fronteras y sin dejar de reconocer la compleja situación de miles de residentes varados en otros países que paulatinamente retornan, el Gobierno no ha procesado ni ha hecho pública información sobre la situación de las y los emigrantes, en especial de aquellos que viven precisamente en tres de los países con más casos y muertes confirmadas por covid-19: Estados Unidos (1,329,072 casos y 79,525 muertes); España (224,350 – 26,621) e Italia (219,070 – 30,560) al 10 de mayo de 2020.
Para citar este artículo: Francisco Hurtado, Margarita Velasco y Jesus Tapia. 2020. Información adecuada para enfrentar colectivamente la pandemia. Quito: Observatorio Social del Ecuador. Disponible en: https://www.covid19ecuador.org/analisis
Notas al pie:
[1] OPS, 2020. COVID-19. Orientaciones para comunicar sobre la enfermedad por el coronavirus 2019. Guía para Líderes. [2] De acuerdo con información que recoge el medio digital comunitario Wambra, hasta el 22 de abril el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil había registrado 11 casos de cuerpos que habrían desaparecido por negligencia del Estado. Información disponible en: https://www.facebook.com/watch/?v=257464748955416. [3] OMS, 2020. COVID-19 Strategic Preparedness and Response Plan. Operational Planning Guideliness to Support Country Preparedness and Response. Pág 5. Disponible en: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf [4] Mensaje disponible en: https://twitter.com/Presidencia_Ec/status/1245786224054489088 [5] Infografía No. 052 de 16 de abril de 2020. Disponible en: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/04/INFOGRAFIA-NACIONALCOVI-19-COE-NACIONAL-16042020-08h00.pdf [6] De acuerdo con el monitoreo del OSE disponible en: www.covid19ecuador.org/fallecidos [7] Los dos comunicados disponibles en: https://twitter.com/ChicasPoderEC/status/1249746048827957251 y https://twitter.com/ChicasPoderEC/status/1256974669862887425. [8] Documentos disponibles en: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/ [9] Oficio No. DPE-DPP-2020-0231-O de 7 de mayo de 2020, suscrito por el Defensor del Pueblo de Ecuador. [10] Resolución disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf [11] Disponibles en: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/informes-de-situacion-covid-19-desde-el-13-de-marzo-del-2020/