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Autoritarismo y los fines ulteriores de la emergencia sanitaria por el Covid-19


"Con el argumento irrefutable de una emergencia de salud pública, esta extensión de poder fue acogida por la iglesia y por poderosas voces políticas y médicas. La campaña contra la peste marcó un momento en el surgimiento del absolutismo, y más generalmente, promovió una ampliación del poder y la legitimación del estado moderno."Frank M. Snowden.[i][ii]

Cuando el gobierno no pudo ocultar las consecuencias del colapso del sistema de salud pública en la provincia de Guayas, en un intento por garantizar el acceso adecuado a la información sobre la pandemia, se dispuso la publicación inmediata del registro administrativo de defunciones a cargo de la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación.[iii] Con ello, a cuatro meses de la confirmación del primer caso de Covid-19, se ha develado el gravísimo impacto que la pandemia ha provocado hasta el momento en Ecuador.


Gráfico 1. Comparación de defunciones a nivel nacional (2017-2020)


Al comparar las defunciones diarias del presente año con la de los años 2017-2019, el exceso de defunciones que, se estima es de al menos 20,000 personas por encima del promedio histórico, da cuenta de la magnitud del brote de Covid-19 en Ecuador y el impacto que habría tenido en términos de mortalidad[iv] –más de la mitad ocurrieron en la provincia del Guayas [14,387], la mayoría en la ciudad de Guayaquil–.[v]


Tal como se aprecia en el gráfico 1, entre el 22 de marzo y el 21 de abril se registraron 21,362 muertes en Ecuador, con más de 450 decesos diarios y el registro más alto de 1,021 personas fallecidas ocurrido el 4 de abril. Sin embargo, se alerta que las muertes no han cesado. Entre el 22 de abril y el 28 de junio, pese a que el registro diario descendió por debajo de 450, otras 19,074 personas han fallecido. En este tiempo las defunciones son superiores a 250 personas en casi todos los días y la curva aún se mantiene por encima del promedio histórico de los tres años previos. Adicionalmente, de acuerdo con un artículo elaborado por el medio Financial Times, Ecuador registró la tasa más alta de exceso de muertes por millón de habitantes durante la pandemia, entre los 21 países que se compararon al 23 de junio.[vi]


Por otra parte, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH)[vii] alertó que en esa ciudad el sistema de salud pública colapsó a finales de marzo, impidiendo la atención médica a cientos de personas con síntomas de Covid-19 y con otras enfermedades, lo que derivó en que muchas muertes ocurran en los domicilios y hasta en la calle. A esto se sumó la incapacidad institucional de levantar rápidamente dichos cadávares. Esta organización recibió testimonios de la construcción de una fosa común en el cementerio privado Parque de la Paz, aledaño al Cementerio Municipal de Pascuales, parroquia rural de Guayaquil, donde se habrían enterrado varios cuerpos. Finalmente, el CDH denunció que al 10 de junio de 2020, los cuerpos de 76 personas fallecidas, sea que ingresaron en hospitales o fueron recogidos en domicilios, estaban desaparecidos.


Es necesario recordar que el brote de Covid-19 no ha terminado. Todo lo contario, Sudamérica actualmente es el epicentro de la pandemia tanto por el incremento de casos confirmados así como por las tasas de mortalidad que se registran, especialmente en Brasil, Perú y Ecuador. En efecto, al 30 de junio, otras provincias del Ecuador, especialmente en la Amazonía y la Costa, registran tasas de contagio más altas que las de Guayas mientras se alerta de la creciente saturación y riesgo de colapso del sistema de salud pública en varias ciudades, entre ellas Quito y Cuenca. En este contexto, cabe hacerse dos preguntas: ¿el estado de excepción y toque de queda fue adoptado para afrontar exclusivamente a la pandemia o con qué otros fines ha sido usado?

Mapa 1. Tasa de contagio de covid-19 por cada 100,000 habitantes a nivel provincial

Fuente: COE Nacional y proyecciones de población del INEC | Elaborado por: OSE 2020.



Los fines ulteriores del estado de excepción


El estado de excepción, un toque de queda de hasta 15 horas diarias, 102,217 personas multadas y 1,231 detenidas por vulnerarlo[viii] son expresiones de la decisión del gobierno ecuatoriano de abordar la pandemia de manera autoritaria y sin priorizar un enfoque epidemiólogico y de salud integral que requiere: pruebas masivas de detección del Covid-19; cercos epidemiológicos con apoyo y la participación comunitaria; y medidas –de salud, sociales y económicas– efectivas, diferenciadas y focalizadas que tengan en cuenta las graves desigualdades de la población, que siguen agudizándose con el pasar de los meses.[ix] Centrar las medidas en el autoritarismo y la represión seguirá profundizado el grado de vulnerabilidad frente a los efectos del virus y provocado una mayor exposición de la población a su contagio por las difíciles y precarias situaciones de miles de personas, hogares y comunidades en el Ecuador.


Walter Benjamin, en 1921, advirtió que la violencia ejercida en la génesis de los Estados-nación modernos no terminó con la instauración del derecho y sus ideales de justicia. Todo lo contrario, se convirtió en violencia creadora del derecho. El nuevo poder conformado, pasó a ser asegurado por un renovado ejercicio de la violencia a la que, de manera recurrente y hasta naturalizada, aún la nombramos como “el carácter mandatorio de la ley” junto con “el monopolio de la fuerza”, ambos elementos sustanciales del Estado. Si la ley no se basta a sí misma para ser acatada, el respaldo de la fuerza pública –la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas– han servido históricamente y siguen sirviendo de soporte, para imponerlas y para sancionar su incumplimiento.


En Ecuador, bajo el argumento de la emergencia sanitaria, el prolongado estado de excepción con toque de queda, seguido por la actual política de transición denominada “reactivación económica”, se ha convertido en la justificación para otros fines ulteriores que, en otras circunstancias, el Estado no habría podido implementar. Decisión política que tiene su antecedente inmediato en la violencia ejercida el año anterior.


El 3 de octubre de 2019, ante el incremento en las protestas a nivel nacional en respuesta a la imposición de nuevas medidas económicas, entre ellas, la eliminación de los subsidios a los combustibles, el gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción como respuesta única para enfrentar el conflicto creciente derivado de la firma del acuerdo internacional de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las condiciones de ajuste impuestas.[x] A partir de esa escalada en el conflicto, el gobierno decretó el 8 de octubre un toque de queda a nivel nacional y, en el caso de Quito, el 12 de octubre se amplió su inicio a partir de las 15:00 hasta las 5:00 (14 horas). A la violencia económica impuesta por el gobierno y el FMI, se sumó las graves violaciones a derechos humanos cometidas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en contra de la población.[xi]


Si bien en aquella ocasión la revuelta popular de octubre logró la derogatoria del decreto de eliminación de combustibles y el archivo del proyecto de ley urgente denominado de “crecimiento económico” en la Asamblea Nacional, las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional continuaron implementándose, especialmente desde el inicio del brote de la pandemia de Covid-19.


Cinco días después de la declaratoria del Ministerio de Salud Pública de la emergencia sanitaria, el 16 de marzo a través del Decreto Ejecutivo 1017, argumentando que el derecho a la salud “se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos”; el Presidente declaró el estado de excepción a nivel nacional al considerar como calamidad pública el brote de Covid-19 en Ecuador; y determinó el inicio de una cuarentena obligatoria con un toque de queda que, entre el 24 de marzo y hasta el 31 de mayo, fue de 15 horas diarias.


Sin embargo, desde el 16 de marzo, no sólo se pasó de 58 a 56,342 casos confirmados de Covid-19 al 30 de junio y la tasa más alta de exceso de muertes por millón de habitantes durante la pandemia en el mundo. El Estado ecuatoriano, aprovechando el estado de excepción –el toque de queda, el confinamiento, la desinformación frente a la real situación de la pandemia, el miedo, el disciplinamiento y la sanción– ha evidenciado, con sus acciones y omisiones, su alianza para favorecer a determinados grupos económicos nacionales y transnacionales que, bajo figuras legales e ilegales, se han beneficiado y ampliado sus ganancias a costa de la la emergencia sanitaria y de la profundización en el deterioro de las condiciones materiales de la población. Como reflexiona Harvey, los capitales transnacionales y locales siempre prefieren Estados con marcos normativos favorables a sus intereses y con instrumentos de violencia que les permita controlar los conflictos sociales que puedan emerger.[xii]


Además de los negociados y múltiples delitos cometidos entre funcionarios estatales y diversos actores privados en la compra de insumos necesarios para la emergencia sanitaria –desde bolsas plásticas para cadáveres hasta kits de alimentación–, el Estado Ecuatoriano ha adoptado varias medidas que, al mismo tiempo, favorecen a determinados grupos económicos y profundizan el desempleo y la pobreza. Además, se han ejecutado acciones de control, multas y detenciones para quienes no han podido quedarse en casa y se ven obligados a salir para sobrevivir. A esto se han sumado actos y amenazas de represión para quienes han decidido a salir a protestar para defender sus derechos.[xiii]


Entre todas las medidas tomadas se destacan las siguientes acciones y omisiones: ni las actividades de minería metálica ni las cadenas de exportación de productos “no esenciales” fueron afectadas por las restricciones a la libertad de tránsito y movilidad, poniendo en riesgo a los trabajadores de estos sectores y a las comunidades aledañas donde operan.[xiv] En mayo el gobierno efectuó un recorte del Presupuesto General del Estado que afectó gravemente al sector social, incluyendo a los presupuestos de salud y educación, sin embargo en marzo y abril pagó USD 1,278 millones por concepto de deuda externa.[xv] De acuerdo a la información pública del Ministerio de Finanzas, la reducción del presupuesto del sector social, según la codificación de mayo de 2020, fue de alrededor de 1,336 millones de dólares,[xvi] adicional al 11.3% que se había disminuido en enero, en comparación con el año 2019.[xvii]


En mayo, también se eliminó el subsidio a los precios de combustibles, se redujo nuevamente salarios para funcionarios públicos en 16.66%, al reducir su jornada de trabajo y continuó con la supresión y fusión de entidades del Estado, entre ellas el cierre de las empresas Tame, Correos y Ferrocarriles del Ecuador. En junio se aprobó la “ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del covid-19”,[xviii] cuyo nombre es tan sólo un eufemismo. Esta ley ni dispuso contribuciones obligatorias de los grupos económicos y personas naturales que más ganan al Presupuesto General del Estado, ni estableció transferencias monetarias directas para un grupo poblacional más amplio que les permita quedarse en casa y disminuir la exposición al virus. Además legalizó la violación a derechos de las y los trabajadores en relación de dependencia a la par que, para incentivar el otorgamiento de crédito, se les otorgó nuevos beneficios tributarios al sector financiero, en especial en deducciones y excenciones al impuesto a la renta sobre intereses que dichos créditos generen.


Frente a esta imposicón legal de decisiones económicas que afectan desmedidamente a las clases medias y populares del Ecuador, el Ministerio de Defensa emitió el acuerdo ministerial 179 que, a nombre de regular el “uso progresivo de la fuerza”, autoriza el uso de tácticas militares y armamento letal para controlar acciones de movilización y protesta.[xix] Por otra parte, el presupuesto estatal del sector seguridad fue reducido en mayo solo 85 millones de dólares, es decir, un 6% de la reducción efectuada al sector social.[xx] En este contexto, las Fuerzas Armadas han sido encargadas de apoyar el mantenimiento del orden y hasta la seguridad de corredores logísticos para sectores estratégicos, [xxi] pese a existir prohibición constitucional para aquello.


Finalmente, el 15 de junio, alegando nuevamente la emergencia sanitaria y después de afirmar que la crisis económica estaría causada solamente por ésta y no por la política económica de ajuste neoliberal agresiva que ha adoptado el gobierno, se decretó otra vez estado de excepción por 60 días que incluye nuevamente restricciones a la libre movilidad y de tránsito de las personas –toque de queda incluido y de acuerdo a la semaforización impuesta– pero contradictoriamente dispone la movilización nacional para la reactivación económica, especialmente de los cantones más afectados o que aún están en semáforo en rojo,[xxii] es decir, acelera la exposición de las y los trabajadores al contagio, en el marco del gravísimo deterioro de las condiciones materiales como resultado de las medidas adoptadas.



El Covid-19 no se detiene


En medio de estas medidas que han trasladado deliberadamente el peso de la gravísima crisis social y económica en los hombros de las y los trabajadores, el brote de Covid-19 se sigue extendiendo, sin que se pueda verificar que el Gobierno haya destinado de manera extraordinaria toda su capacidad y recursos para afrontar la pandemia con un enfoque epidemiológico y con la finalidad de proteger la salud integral de la población. Pese a que el Ecuador es el noveno país de Sudamérica en realizar pruebas a la población –8,407 pruebas por un millón de habitantes– los casos confirmados de Covid-19 pasaron de 24,934 registrados al 30 de abril hasta un total de 56,342 al 30 de junio, es decir, un incremento de 31 mil casos adicionales en dos meses, cifra que no se debe menospreciar pese a no corresponder a la realidad del contagio en Ecuador.


Al momento, la región con mayor cantidad de contagios en relación con su población es la Amazónica. Por otra parte las provincias costeras –Santa Elena, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas– registran, a la vez, tasas de contagio y de personas fallecidas mayores que las provincias de la Sierra. Y en esta última región, la provincia de Bolívar tiene la tasa de contagio más alta, seguidas de Pichincha y Cotopaxi.


Gráfico 2. Relación entre tasas de contagio y tasas de fallecidos por 100,00 habitantes

Fuente: COE Nacional y proyecciones de población del INEC | Elaborado por: OSE 2020.

Ahora bien, al desagregar las cifras del COE Nacional en el nivel cantonal se puede observar las regiones donde se registran mayores tasas de contagio en relación con su población, tal como se muestra en el mapa. El cantón Aguarico, primer cantón del país que pasó de semáforo rojo a verde registra, al 28 de junio, la tasa de contagio más alta en Ecuador (226) junto con otros 13 cantones amazónicos que aparecen entre los primeros 20 cantones más afectados. Al respecto, se emiten tres alertas: la grave amenaza a los territorio de los pueblos indígenas, en especial, Waorani, Zápara, Tagaeri y Taromenane –estos dos últimos en aislamiento voluntario– en los cantones Aguarico, Arajuno y Orellana; esta zona está conectada con el paso de la Sierra a la Amazonía central por la vía estatal Baños-Puyo, especialmente en los cantones Palora, Santa Clara y Mera; y la región donde operan los proyectos mineros a gran escala Mirador y Fruta del Norte los cantones Gualaquiza, El Pangui, Yantzaza y Zamora.


Mapa 2. Tasa de contagio de Covid-19 por cantones del Ecuador

Fuente: COE Nacional y proyecciones de población del INEC | Elaborado por: OSE 2020.

La enfermedad provocada por Covid-19 no ha cedido, tampoco se prevé tener acceso y disponibilidad de una vacuna en los próximos doce meses y la capacidad hospitalaria del país corre el riesgo de volver a colapsar, como ya sucedió en Guayaquil. Si algo ha aprendido la humanidad a través de la historia de las pandemias es que, al acompañarnos por tiempos prolongados, urge que la política pública epidemiológica y en general la de salud integral se fortalezcan. Son tiempos extraordinarios para privilegiar la vida digna –la salud, alimentación, la vivienda, el acceso a agua, el saneamiento ambiental y los ingresos económicos de las mayorías– y no el enriquecimiento aberrante de unos pocos a través de la imposición legal y la violencia estatal.



Para citar este artículo: Francisco Hurtado, Margarita Velasco y Jesus Tapia. 2020. Autoritarismo y los fines ulteriores de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Quito: Observatorio Social del Ecuador y FES-Ildis.



Notas al final:

[i] Frank M. Snowden. 2020. Epidemics and Society. From the black death to the present. New Haven and London: Yale University Press. [ii] Las opiniones expresadas en esta publicación no representan necesariamente las de la Friedrich-Ebert-Stiftung. [iii] Estas cifras aún no desagregan las causas de muerte en Ecuador. Sin embargo, permite estimar uno de los más graves impactos de la pandemia, la muerte provocada tanto por el virus como por otras causas durante el brote del virus. [iv] Mientras tanto, las cifras oficiales del COE Nacional registran, al 21 de junio, 4,223 personas fallecidas por Covid-19 y 2,872 de las que se sospecha podría ser el virus. [v] Andrés Robalino ha sistematizado, depurado y liberado como dato abierto los datos emitidos por el Registro Civil. Su información procesada puede consultarse en: https://covid.andresrobalino.com/provincias/. Estas cifras, se siguen actualizando debido a las depuraciones del registro y la incorporación de defunciones tardías. [vi] Coronavirus Tracked: the latest figures as countries start to reopen. https://www.ft.com/content/a26fbf7e-48f8-11ea-aeb3-955839e06441 y en el hilo de twtitter https://twitter.com/jburnmurdoch/status/1275512268801708032. Por encima de países como España, Reuno Unido, Perú, Italia, Bélgica, Estados Unidos o Brasil. [vii] El informe preliminar completo del CDH disponible aquí: https://www.cdh.org.ec/informes/461-informe-cuerpos-extraviados.html [viii] Las cifras fueron publicadas el 23 de junio de 2020 en la cuenta de Twitter del Ministerio de Gobierno: https://twitter.com/MinGobiernoEc/status/1275416169055506433. [ix] Al respecto, se puede revisar el artículo “El Covid-19 recorre las desigualdades del Ecuador ¿sobrevivir o quedarse en casa?. Disponible en: https://www.covid19ecuador.org/post/desigualdades-covid19-ecuador [x] Suscrito el 11 de marzo de 2019. [xi] La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos publicó un informe de verificación donde se recuenta varias graves violaciones a derechos humanos. Disponible en: https://ddhhecuador.org/sites/default/files/documentos/2019-10/Informe%20Final%20Alianza%20DDHH%20Ecuador%202019_compressed.pdf [xii] David Harvey. 2009. El nuevo imperialismo. Madrid: Akal. [xiii] Se puede revisar los siguientes links de noticias como ejemplos: https://www.elcomercio.com/actualidad/protestas-medidas-gobierno-ecuador-coronavirus.html; http://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/en-guayaquil-reportan-agresiones-de-policias-a-manifestantes-que-defiende-la-educacion-superior/ o https://www.elcomercio.com/actualidad/universitario-detenido-cuenca-sentencia-manifestaciones.html. [xiv] Revisar los artículos 5 numerales 5 y 6 literales b y c del Decreto Ejecutivo 1017 de 16 de marzo de 2020 y los artículos 5 numeral 6 y 6 literal d del Decreto Ejecutivo 1052 de 15 de mayo de 2020, por los que se emitió y renovó el Estado de Excepción en Ecuador, respectivamente. [xv] 342 millones a tenedores de bonos global 2020 y 936 millones de deuda a Goldman Sachs, Credit Suisse e ICBC Standard Plc. Información disponible en: https://dolarizacion.ec/2020/05/28/prepago-deuda-abril/. [xvi] Sectoriales de ambiente; educación; bienestar social; trabajo; salud y agropecuario. Sólo el sectorial vivienda tuvo un incremento de 469 millones de dólares. [xvii] Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. Información disponible en: https://www.finanzas.gob.ec/ejecucion-presupuestaria/. Consulta: 18 de junio de 2020. [xviii] El texto de la ley aprobada se puede consultar en: https://www.asambleanacional.gob.ec/es/leyes-aprobadas. [xix] La Corte Constitucional ha suspendido sus efectos hasta que resuelva sobre las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado por distintos actores de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo de Ecuador. [xx] Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. Op. Cit. [xxi] En el video de VisionTv se puede observar el conflicto entre el COE Cantonal y la Fuerza Pública (policías y militares) sobre la protección de actividades mineras en la provincia de Zamora Chinchipe. Disponible en: https://www.facebook.com/watch/?v=1278574282351688. [xxii] Decreto ejecutivo 1074 de 15 de junio de 2020. A la fecha de cierre de este artículo, la Corte Constitucional emitió el 30 de junio un dictamen favorable al Estado de Excepción por los 60 días con algunas condiciones; un dictamen concurrente y 3 jueces emitieron su voto salvado por considerarlo inconstitucional.

Elaborado y diseñado por el Observatorio Social del Ecuador (OSE). Monitoreamos y analizamos la evolución de la pandemia de Covid-19 en Ecuador. El monitoreo y análisis con desagregaciones provinciales y cantonales está basado en la información oficial que emite diariamente el Estado Ecuatoriano. Te invitamos a revisar la información que producimos, en especial los artículos de análisis en nuestro blog.

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