"Cuando el mundo se derrumba, a la clase dominante le interesa que el público crea que la causa principal del colapso fue algo natural e intratable –dios, el clima, las fluctuaciones ‘propias’ del mercado, el descarnado salvajismo de un virus, la perversidad incomprensible de una cultura extranjera–. Desplazar la responsabilidad hacia las abstracciones permite a los más poderosos eludir las críticas por crear y mantener un estado de cosas tan desigual"[i]
De acuerdo con la versión oficial del gobierno, hace un año –el 29 de febrero de 2020–se confirmó el primer caso de Covid-19 en Ecuador, 14 días después de que un paciente presentara síntomas de la enfermedad y sólo 5 días después de que terminara el feriado de carnaval. A un año de ese hecho, una mirada a la evolución de la pandemia, no sólo a través de los casos diagnosticados con una prueba PCR sino en relación con el total de personas fallecidas en exceso hasta el momento, exigen analizar el modo que ha adoptado el plan de vacunación en manos de un gobierno que ha sometido la política, la planificación y las acciones estatales a medidas de austeridad, al desmantelamiento de lo público, favoreciendo los intereses de grupos económicos durante la emergencia sanitaria, en desmedro de la salud integral de las y los habitantes del Ecuador.
Al 28 de febrero de 2021, poco más de 1 millón de personas (el 5.8% de la población estimada a 2020) se ha realizado pruebas PCR en Ecuador, un promedio de 2,900 personas al día. En ese tiempo, el Estado ha diagnosticado 286,155 casos confirmados de Covid-19 y ha registrado 15,811 decesos provocados por la enfermedad. Sin embargo, ese registro evidentemente subestimado devela una notoria incapacidad para contener el contagio que se observa en una positividad promedio de alrededor del 30% y un exceso de muertes durante la pandemia de cercano a 50,000 personas, uno de los más altos del mundo al compararlo con su población, junto con Perú o México.
Y, si bien el año 2021 arrancó con la aprobación de uso de emergencia de un abanico cada vez más grande de vacunas contra la Covid-19 en varios países del mundo, los habitantes del Ecuador son testigos del arribo a cuenta gotas de escasas dosis de vacunas de Pfizer-BioNtech que no ha alcanzará a cubrir, en su fase 0 de 86,000 dosis, ni siquiera al total del personal público de salud que, según declaraciones del Ministro de Economía, sumaría un total de 63,230 personas (126,460 dosis). Todo esto sucede en medio de un nuevo escándalo en el que algunas de esas vacunas habrían sido deliberadamente desviadas para personas por fuera de los grupos priorizados, entre ellos familiares de funcionarios, aglunos periodistas y personajes de la política del país que han preferido saltarse la línea, tal como también ha ocurrido en Argentina, Chile o Perú.
En este contexto, la tardía renuncia de Juan Carlos Zevallos a su cargo como Ministro de Salud es insuficiente para resolver un problema complejo derivado de la decisión del gobierno ecuatoriano de someter el “Plan Nacional de Vacunación” a las condiciones que el mercado neoliberal de vacunas impone, en medio de un sistemático manto de opacidad e irregularidades, cuyos efectos se mantendrán más allá de su huida a Estados Unidos, problemas que deberá afrontar el próximo gobierno que sea elegido democráticamente en Ecuador. Tal y como ocurre con otros bienes y servicios necesarios o básicos para satisfacer necesidades humanas, el desarrollo e investigación, la producción masiva, así como la logística y la distribución de las vacunas están, de manera mayoritaria, en manos de empresas privadas, cuyo fin es obtener la mayor utilidad que puedan conseguir, incluidas las que provengan de los presupuestos estatales obligados a mediar entre intereses globales y locales para poder garantizar la vacunación universal y gratuita a la población. Ecuador es un trágico ejemplo de aquello.
Las vacunas entre la propiedad intelectual, las utilidades y el riesgo de las farmacéuticas
En abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud identificó que 54 estudios habían iniciado para encontrar opciones de inmunización para la población frente a la Covid-19, declarada en marzo como pandemia. De esos estudios, el 51% estaban a cargo de empresas privadas, el 19% en alianza con el sector público y el restante 30% estaba exclusivamente a cargo de centros públicos. Además, el grupo más grande estaba localizado en Estados Unidos (20 estudios) y un total de 21 empresas cotizaban en ese momento en bolsas de valores.[ii] Este repentino interés de varias empresas privadas, sumado al destino de fondos públicos para fortalecerlos, tiene como antecedente la falta de inversión en investigación y desarrollo (I+D) en los dos brotes previos de otros coronavirus, el de SARS-Cov ocurrido en 2002 y el de MERS-Cov, ocurrido diez años después, en 2012.
Tres meses antes de la declaratoria como pandemia, en enero de 2020, el biólogo Rolf Hilgenfeld afirmaba con preocupación que “el número total de personas infectadas, si se combinan el SARS, el MERS y este nuevo virus [SARS-Cov-2], es inferior a 12.500 personas. Eso no es un mercado. El número de casos es demasiado pequeño. Las empresas farmacéuticas no están interesadas".[iii] Sin embargo, 13 meses después, con 114 millones de casos diagnosticados y 2.52 millones de personas fallecidas de acuerdo con los reportes oficiales del Estado,[iv] el mercado farmacéutico ofrece ya 12 vacunas autorizadas para uso masivo en distintas regiones y países del mundo. Entre ellas aparecen las desarrolladas por Pfizer-BioNtech, Moderna, Gamaleya (Sputnik V), Oxford-AstraZeneca, Johnson & Johnson, Vector Institute, Sinopharm y Sinovac;[v] en un contexto más amplio de 74 estudios de otras candidatas en desarrollo clínico y otras 182 en desarrollo preclínico, según un reporte del 26 de febrero de 2021 elaborado por la OMS.[vi]
Y aunque esto parezca auspicioso, en medio de estudios sobre eficacia y los impactos que podría tener las vacunas para disminuir el riesgo de que las personas se enfermen gravemente de Covid-19, junto con el objetivo de generar inmunidad de rebaño, otra discusión con repercusiones más complejas sucede en la Organización Mundial de Comercio. En Octubre, India y Sudáfrica solicitaron a esa organización que pusiera en pausa la vigencia de las patentes para tratamientos e insumos disponibles para Covid-19, regulados por acuerdos internacionales sobre aspectos de propiedad intelectual y comercio, conocidos como TRIPS. “La exención de algunos requisitos de los acuerdos comerciales internacionales permitiría a los fabricantes de genéricos y biosimilares producir inmediatamente versiones más asequibles de estos productos sin tener que esperar años o décadas a que expiren las patentes farmacéuticas”,[vii] refiere la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras.
Sin embargo, países como Estados Unidos, los de la Unión Europea, el Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón y Canadá han bloqueado esta propuesta, todos países ricos que han acaparado la mayor cantidad de vacunas en stock, provocando desigualdad en el acceso para millones y, consecuentemente, que decenas de países sigan enfrentando la pandemia sin posibilidad de adquirir vacunas o con acceso a dosis muy escasas. El elefante en la habitación del que no se habla, ha calificado la OMS a esta disputa[viii] que, entre bambalinas, tiene a las farmacéuticas junto con otras productoras de insumos médicos, presionando a los Estados para que protejan su margen de ganancia en la emergencia.[ix]
Por otra parte, bajo esa protección internacional de la propiedad intelectual, las empresas están suscribiendo acuerdos o contratos con los Estados que, tal como ocurre con otros bienes y servicios, quedan cubiertos por un conjunto de normas de origen internacional (multilaterales o bilaterales) y otras de carácter nacional que generan efectivas formas de inmunidad para maximizar la ganancia y reducir el riesgo que la administración de vacunas podría generar, tanto a alguna de las personas que ya se están vacunando como a los propios Estados encargados de distribuirlas. Pfizer, por ejemplo, ha exigido en sus contratos diversas cláusulas abusivas a los gobiernos latinoamericanos para reducir su responsabilidad frente a posibles efectos adversos y garantías basadas en activos estatales, reserva monetaria incluida, para afrontar posibles reclamos civiles en el futuro, tal como trascendió en la investigación de The Bureau of Investigative Journalism.[x]
Nunca es suficiente, los empresarios locales quieren encargarse de la vacunación
Tres representantes de Universidades privadas del Ecuador –Gonzalo Mantilla, de la Universidad San Francisco de Quito, Carlos Montúfar Freile del Consejo de Regentes de esa misma universidad y Carlos Ortega Maldonado, canciller de la Universidad Espíritu Santo– conforman el Comité de Transparencia para el proceso de vacunación en Ecuador. Ortega, en una entrevista afirmó que el ex Ministro de Salud maneja las relaciones con las farmacéuticas y que “esa batalla política por la que se pide la cabeza del Ministro, que es el eje del proceso de vacunación. Es como quitarle a Maradona del Mundial”. Y si bien, esta fue la frase que se hizo viral en redes sociales, al final de su defensa a la gestión del ex Ministro, actualmente bajo investigación penal y dos pedidos de juicio político en la Asamblea Nacional, el representante del Comité de Transparencia hizo explicito el interés de un sector de empresarios que buscan privatizar el proceso de vacunación: “hemos sugerido que […] se haga una convocatoria interna, con instituciones calificadas, con capacidad técnica, laboratorios, clínicas, universidades, dispuestas a comprar. Que se haga una especie de subasta interna. Y se le quita un peso económico al Estado”.[xi]
En un difícil escenario en el que las empresas farmacéuticas transnacionales negocian con la sartén en el mango con los gobiernos de turno quienes deciden a quién compran las vacunas y los mecanismos de distribución y administración de las dosis que empiezan a recibir, los grupos económicos locales y sus aliados tampoco pierden la oportunidad para seguir obteniendo beneficios en medio de la emergencia sanitaria, en este caso a través de su distribución y administración.
En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública ha informado que el plan de vacunación se sostiene en una alianza público privada. Lo cual, en principio no tendría mayor inconveniente si lo que se busca es un esfuerzo nacional coordinado para poder vacunar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de la población, con equidad en el territorio del Ecuador y priorizando a quienes más la necesitan. Lo problemático de esta alianza privada es el contexto en que se concreta: un gobierno que privilegió, por sobre la salud integral de las y los habitantes del Ecuador, a los tenedores de deuda privada y a los grupos económicos del país.
Estos últimos, al contrario de arrimar el hombro se han beneficiado de la gestión de la pandemia en varias formas: no han aportado con una contribución de su patrimonio de manera extraordinaria y urgente al Presupuesto General del Estado y gran parte del sistema privado de salud no ha contribuido con toda su infraestructura y capacidades para atender gratuitamente a la población afectada por Covid-19, en apoyo del sistema público. Todo lo contrario, el sector privado se ha beneficiado del deterioro de las condiciones laborales y de haber abaratado el valor que se paga por el trabajo, así como de una serie de leyes e incentivos estatales, que han derivado en un aumento de su margen de ganancia que no se ha controlado pese a la grave crisis que atraviesa la mayoría de la población del Ecuador.
Pero, como nunca nada es suficiente para la clase dominante, un sector del empresariado ha suscrito contratos abusivos con el Estado al punto que, a finales de 2020, 196 investigaciones penales se habían abierto por delitos de cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, tráfico de influencias y delincuencia organizada.[xii] Mascarillas, pruebas de Covid-19, kits de alimentación y hasta bolsas plásticas para cadáveres aparecen entre los bienes que han servido de fachada de contratos en los que aparece “sin disimulo, la violencia, el engaño, la opresión y el pillaje”.[xiii]
Es en ese contexto que María Gloria Alarcón, ex presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien también hace parte del Comité de Emergencia por Coronavirus de esa ciudad, en otra entrevista señaló que, para garantizar la logística, varias empresas privadas participan, bajo coordinación de la administración estatal, en las tareas de distribución y logística de las vacunas en Ecuador, según su declaración, sin ningún costo para el Estado.[xiv]
Entre las empresas que conforman la alianza, la representante ha referido a las siguientes:[xv]
1) La aerolínea LATAM Ecuador, parte del Grupo LATAM de Chile, que ha ofrecido transporte aéreo de vacunas y del personal que administra las dosis.
2) El Grupo DIFARE, un holding ecuatoriano dedicado a la importación, logística y distribución de medicamentos e insumos, también propietaria de los negocios Pharmacy’s, Cruz Azul y Comunitarias, que contribuye con camiones para la distribución.
3) La Corporación Grupo Fybeca (GPF), importador y distribuidora de medicamentos y otros productos de primera necesidad y propietaria de los negocios Fybeca, Sana Sana y Oki Doki, adquirida en su totalidad en 2019 por la corporación chilena SOCOFAR, cuyo único accionista desde el 2020 es el grupo mexicano FEMSA, con negocios diversificados en varios países de Latinoamérica.
4) Tiendas Industriales Asociadas, mejor conocida como TÍA, cuyos accionistas son empresas registradas en Singapur, Nueva Zelanda, Escocia, Suiza, Estados Unidos y Brasil. El Presidente Lenín Moreno y el entonces Vicepresidente Otto Sonnenholzner inauguraron en 2019, un nuevo centro de distribución logística de esta empresa, como resultado de la Ley de Fomento Productivo de 2018, que incluyó, entre otros beneficios, remisiones de multas e intereses por deudas tributarias.
5) FARMAENLACE, otro grupo económico ecuatoriano dedicado a la distribución y comercialización de productos farmacéuticos y propietaria de los negocios Farmacias Económicas, Medicity y Farmacias El Descuento, entre otras. Estos tres últimos grupos económicos participarían con contingente para los puntos de vacunación, según informa la representante del sector privado.
La alianza del sector privado que se ha sumado al plan de vacunación está conformada por los grupos económicos locales, algunos de ellos subsidiarios de otros transnacionales que, en la práctica ya concentran la distribución y comercialización de medicamentos e insumos producidos por las grandes farmacéuticas, actualmente en pugna por mantener a su favor las normas de propiedad intelectual y, por que no, aprovechar de la emergencia sanitaria para incrementar su utilidad. La CEPAL en junio de 2020, alertó que “las reglas de comercio internacional y las prácticas de algunas empresas privadas […] así como las reglas sobre propiedad intelectual” han encarecido el acceso a medicamentos y ponen en peligro el pleno goce del derecho a la salud.[xvi]
Las falsas coartadas del Estado para el provecho de los privados
A los capitales, transnacionales y locales, en este caso a las farmacéuticas y otros productores de insumos médicos, a quienes los transportan, importan y distribuyen, junto con quienes los comercializan, les favorece siempre contar con Estados y marcos normativos que les garanticen “seguridad jurídica” para su provecho.[xvii] En ese sentido, desregular, desreglamentar y privatizar aparecen en un escenario de crisis compleja –caída de los precios del petróleo desde el 2014, sobre endeudamiento y más recientemente, medidas de austeridad y los efectos de la gestión de la pandemia de Covid-19– como la fórmula más apropiada para aumentar la ganancia, incluso si eso implica trasladar no sólo el costo sino todos los impactos de la crisis a la mayoría de la población.
Ecuador ha gestionado la emergencia sanitaria, con su soberanía liquidada y la política pública sometida a las medidas de austeridad impuestas por el ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI). Al gobierno de Lenín Moreno no le ha bastado intentar responsabilizar de “todos los males” al gobierno anterior, tampoco le ha sido suficiente tratar de responsabilizar de la crisis al “virus maligno”, que si bien emergió de manera sorpresiva en Wuhan en diciembre de 2019, para el 14 de febrero de 2020, un día antes de que se identificara el primer caso con síntomas en Ecuador, 24 países del mundo reportaban 60,000 personas diagnosticadas y 1,368 muertes. A todo eso, otra falsa coartada ha sido enarbolada para justificar una verdadera rapiña del exiguo presupuesto estatal que no ha fortalecido adecuadamente a las instituciones del sector social –salud, trabajo, educación, inclusión, vivienda y cultura– para enfrentar la pandemia.
Fuente: Agencia EFE. Edición: OSE
La foto de la llegada de alrededor de 8,000 dosis, el 21 de enero de 2021, en un cargamento aéreo sobre el que la actual Vicepresidenta de la República y el ex Ministro de Salud posan sus manos, junto a otras autoridades del gobierno nacional en el aeropuerto de Quito, constituirán uno de los símbolos de la gestión neoliberal de la pandemia en Ecuador. No sólo porque el cargamento sobre el monta cargas y la pancarta gubernamental que lo cubre esconden las dimensiones de la pequeña caja que arribó ese día junto con otros paquetes, o por la propaganda construida alrededor del inicio de la vacunación en Ecuador. Sino y sobre todo porque detrás de la deficiente gestión del gobierno, hay otras manos posadas a cargo de su producción, logística y distribución. Empresarios, insaciables, que ahora presionan también para lograr que su administración a la población sea privada.
En un artículo previo, referimos que el 75% de la población se atiende en el sistema de salud pública, universal y gratuito. Su existencia, pese a las deficiencias acumuladas antes del inicio de la pandemia de Covid-19 y profundizadas durante ella, se sostiene a su vez en el trabajo que realiza el personal de salud –de medicina, enfermería y auxiliares– junto con el personal que administra la red. Ese sistema, se complementa con los sistemas de salud que provee la seguridad social a través del IESS, ISSFFAA e ISSPOL que atienden a sus afiliados, junto con la compra de medicamentos e insumos a cargo del Estado ecuatoriano. Ni el sistema privado de salud ni los seguros privados disponibles cubren la salud de la mayoría de la población, menos aún durante la emergencia sanitaria y crisis global.
Sin embargo, tal como reflexiona, Gérard de Selys, la ulterior coartada gubernamental, con algunos medios de comunicación a la cabeza de ese discurso, consiste en cargar contra lo público y tratar de “conquistar, por las buenas o por las malas, nuevos sectores de crecimiento para revitalizar una ‘economía de mercado’ en profunda crisis”.[xviii] Seguir echándole la culpa a las abstracciones, evadir la relación causa-efecto entre las medidas de austeridad y las deficiencias de lo público, para intentar emerger, por destino o naturaleza, como el sujeto heroico de la salvación frente a la crisis que deliberadamente han contribuido a crear.
La conmoción social no la ha causado la exigencia de que se haga público el listado de vacunados VIP que de los que se saltaron la fila. Todo lo contrario, tanta mortandad e indolencia, la opacidad con la que se ha gestionado la pandemia, acuerdos con el sector privado incluido para que pocas personas y familias sigan enriqueciéndose, contribuyen a generar frustración e incredulidad en todo lo que el gobierno propone o afirma estar haciendo.
Pese a que todo el asunto gira alrededor de la obligación del Estado de garantizar nuestro derecho a la salud, ni la Asamblea Nacional u otras instituciones públicas de control han actuado de manera diligente y efectiva para impedir que el plan de vacunación, que debe ser universal y gratuito para toda la población, termine en manos de privados acostumbrados a anteponer sus intereses por sobre el de la mayoría de la población. Tampoco hay esfuerzos de cooperación regional sudamericana o latinoamericana en defensa de lo común durante la pandemia. La conmoción social crece porque el abuso está protegido por normas de propiedad privada y confidencialidad, mantos de opacidad en la información y cinismo de la clase política y económica en el poder.
Para cerrar y por fuera de la lógica estatal y sus mediaciones para favorecer el lucro de unos pocos, la sociedad está avocada a seguir afrontando el duelo, el deterioro de las condiciones materiales y sostener esfuerzos organizativos para sostener colectivamente la vida, semilla desde la que debe emerger la defensa del Estado, lo público y el sistema de salud universal y gratutito.
Para citar este artículo: Francisco Hurtado Caicedo. 2021. ¿Plan de vacunación? Tres escalas de un mismo problema. Quito: Observatorio Social del Ecuador.
Notas al final:
[i] Meagan Day. “No Act of God”. En Jacobin Magazine No. 37, primavera. Pág. 35. [ii] “Las farmaceúticas impulsan el 70% de las 54 vacunas en I+D frente al Covid-19”. Cinco Días. Diario El País de 1 de abril de 2020. Disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/31/companias/1585676743_897820.html. [iii] David Cyranoski. “This scientist hopes to test coronavirus drugs on animals in locked-down Wuhan. Structural biologist Rolf Hilgenfeld has been working on coronavirus tratments since the SARS outbreak.” Nature Research Journal. News Q&A. 24 de enero de 2020. Disponible en: http://www.media-response-online.de/public/press/2020/nature.com_20-01-24.pdf. También citado en Marco Miccicé. 2020. “The Market is Leaving Us Unprepared for a Pandemic. En Jacobin Magazine No. 37, primavera. Pág. 19. [iv] Center for Systems Science and Enginering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). COVID-19 Dashboard. Disponible en: https://coronavirus.jhu.edu/map.html. [v] New York Times. Coronavirus Vaccine Tracker. Carl Zimmer, Jonathan Corum y Sui-Lee Wee. Actualizado al 27 de febrero de 2020. Disponible en: https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html. [vi] OMS. 2021. Draft landscape and tracker of COVID-19 candidate vaccines. Disponible en: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines. [vii] Doctors without Borders. 2020. India and South Africa propose no patents on COVID-19 medicines and tolos during the pandemic. Disponible en: https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/india-and-south-africa-propose-no-patents-covid-19-medicines-and-tools. [viii] Reliefweb. 2021. “La OMS pide al Consejo de Seguridad que aborde la exención de propiedad intelectual de las vacunas de COVID-19”. Disponible en: https://reliefweb.int/report/world/la-oms-pide-al-consejo-de-seguridad-que-aborde-la-exenci-n-de-propiedad-intelectual-de. [ix] Sarah Lazare. 2020. “Pfizer is using patent rules to undercut global Access to the COVID-19 vaccine”. En Jacobin Magazine. Disponible en: https://www.jacobinmag.com/2020/12/pfizer-covid-19-global-access-wto-vaccine. [x] The Bureau of Investigative Journalism. “Held to ransom: Pfizer demands governments gamble with state assets to secure vaccine deal.” 23 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-02-23/held-to-ransom-pfizer-demands-governments-gamble-with-state-assets-to-secure-vaccine-deal. [xi] Diario El Comercio. “Carlos Ortega, miembro del Comité de Transparencia: ‘En el mundo hay una sobredemanda de dosis’”. 14 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/comite-transparencia-sobredemanda-dosis-vacunas.html. [xii] Diario El Comercio. “La corrupción sorprendió en la pandemia a Ecuador”. 31 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/corrupcion-sorprendio-pandemia-ecuador-contratos.html: [xiii] Rosa Luxemburg. 1912, citada por David Harvey. 2004. El Nuevo Imperialismo. Madrid: Akal. Pág. 111. [xiv] Primicias. María Gloria Alarcón: 72.000 vacunas de Pfizer para el plan piloto. Sin fecha. Disponible en: https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/maria-gloria-alarcon-vacunas-pfizer-plan-piloto/. [xv] Información obtenida de la Superintendencia de Compañías y de los sitios web de las empresas. Con corte al 2 de marzo de 2020. [xvi] CEPAL. “Analiza el vínculo entre acuerdos comerciales, la propiedad intelectual y el acceso a medicamentos.” 22 de junio de 2020. Disponible en: https://www.cepal.org/es/noticias/la-cepal-analiza-vinculo-acuerdos-comerciales-la-propiedad-intelectual-acceso-medicamentos. [xvii] David Harvey. 2004. El Nuevo Imperialismo. Madrid: Akal. [xviii] Gérard de Selys. 1999. Privar de lo público ¿A quién benefician las privatizaciones?. Quito: Abya-Yala. Pág. 22. Disponible en: https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1282&context=abya_yala.